LOS “STREET ANGELS” DEL PROYECTO TRANSGÉNERO

OTRA VIDA CON LA CASA TRANS Un local que vende materia prima para hacer perfumes y ambientales en la plaza de San Francisco es el sitio donde las trans femeninas compran la silicona líquida. “Ahora no hay, pero en tres meses llega silicona de Brasil, nos han dicho”, cuenta Carolina, de la Asociación Transfemeninas Gran Pasaje. Se inyectan entre ellas, centímetro a centímetro, haciendo pausas para ver si se produce alguna reacción adversa.  el pan nuestro de cada día, en las calles de Quito.

El Proyecto Transgénero consiguió que en 2011 se abrieran fichas especiales a las transexuales que trabajan la calle. Las llaman las fichas “género-sensibles” y la diferencia con otras, es que se acepta el nombre que han adoptado según su nuevo género. Pero la atención se limita a la parte clínica propiamente dicha. No hay un abordaje integral de salud que les brinde orientación durante el proceso de transición. Esto les lleva a la automedicación y a caer en manos de cirujanos que les han llegado a pedir hasta 10000$ dólares, por unos implantes mamarios.

En Ecuador no existe una ley que regule o apruebe el tratamiento a personas transexuales. Los cirujanos, al igual que los endocrinólogos, se niegan a ayudar a quienes necesitan de un cambio de sexo. Solo cabe la ayuda médica en caso de ser intersex, los contemplados como hermafroditas.

La Patrulla Legal es la acción social más antigua y exigente del Proyecto Transgénero y quizás el de mayor orgullo. Sucesivas generaciones de patruller@s hablan de su paso por la Patrulla Legal como una de las experiencias más importantes de su vida. Desde el 2002, seis patrullas han recorrido las esquinas y madrugadas travestis de Quito con la práctica de un derecho callejero, experimental y alternativo que denominan “activismo paralegal“. La presentación de Reformas al Código Penal para la Tipificación de Crímenes de Odio (2004) y la conquista, vía litigio, del derecho a la identidad trans en la documentación (2007), son algunos de los frutos más importantes de su actividad, así como la introducción de normas de procedimiento policial género-sensible (2009) y campañas conjuntas de sensibilización social como “Mi género en mi cédula” (2012).

La Patrulla Legal trabajaa en colaboración con la población trans que ejerce la calle, en procesos itinerantes de asesoría legal preventiva, mediación de conflictos, conformación de asociaciones, carnetización cultural, e intervención legal emergente en casos de detención arbitraria, abuso policial, accesos a la vida pública y discriminación hospitalaria, entre otros.

Ante el aumento de asesinatos de transexuales en Quito, ha resurgido la patrulla con un servicio dedicado, que  denunciará a quienes los discriminan o maltratan. La Casa Trans está ubicada en el centro norte de Quito. Todos los jueves, la patrulla legal se reúne con representantes de las cuatro asociaciones de trabajadoras sexuales transfemeninas que existen en la capital. La conforman un grupo de abogados y activistas que les orienta legalmente para que conozcan sus derechos y eviten ser víctimas de violencia y discriminación.

A diferencia de otras muertes, cuando asesinan a una transexual se hace con saña, sus cuerpos generalmente son encontrados con señales de tortura en vida. Las jornadas de trabajo de la patrulla legal en las calles pueden extenderse hasta las cuatro de la madrugada. Las agresiones a transexuales pueden ser sancionadas desde el año 2009 como delitos con agravante, porque ya están tipificados como crímenes de odio por identidad de género. Según el Código Penal de Ecuador, incitar a la violencia moral o física contra personas por su orientación o identidad sexual, será sancionado con tres años de prisión, y en caso de asesinato, puede aplicarse una condena de hasta 16 años.

El problema viene cuando sus familiares no quieren denunciar los abusos, por eso la patrulla legal les anima para que sean ellas quienes inicien el juicio los juicios de otras compañeras asesinadas, en su nombre y por el bien común. También les enseñan a hacer respetar su derecho a la libre movilidad y a ejercer el trabajo sexual, ya que,  a pesar de su legalidad, los vecinos o la Policía impiden su trabajo diario.

Aunque las agresiones continúan, las transexuales del sector de la Y, la Mariscal, San Blas y la Michelena, se están organizando. Ahora están pendientes de anotar la placa de los vehículos y otros detalles que les permita denunciar a sus posibles agresores. Piden, de forma categórica, que la sociedad les abra las puertas para que el trabajo sexual no sea su única opción social y recurso de vida.

 

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